El Estado pide quedarse con bienes incautados a narcos

El Estado nacional inició una demanda civil para que se aplique por primera vez la extinción de dominio sobre 190 bienes, valuados en unos 800 millones de pesos, secuestrados a la banda narcocriminal conocida como ‘Clan Loza’, desbaratada al cabo de una investigación realizada en Argentina y España.

La demanda, encabezada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, alcanza a bienes secuestrados en 73 allanamientos, entre ellos vehículos de alta gama, propiedades, joyas y dinero en efectivo.

Para encabezar esta acción legal, el procurador general Eduardo Casal designó a un equipo conformado por el fiscal Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar); el fiscal Penal Económico Nro. 1, Pablo Turano; y al fiscal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nro. 6, Miguel Angel Gilligan.

La demanda recayó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 10, a cargo de Marcelo Bruno Dos Santos, y es la primera desde la entrada en vigencia del régimen de extinción de dominio. Si bien el Clan Loza comenzó a ser investigado en 2011, la causa que actualmente se tramita en el fuero Penal Económico se inició en noviembre de 2017, cuando dos personas fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza al intentar ingresar con 365.800 euros distribuidos en los doble fondos de tres valijas que habían despachado en un vuelo que provenía de Madrid. En la investigación se estableció que ese dinero estaba relacionado con esa organización narcocriminal transnacional investigada conjuntamente por la Argentina, España e Italia. Según se estableció, comercializaban droga que obtenía en Bolivia y Perú, que ingresaba a la Argentina y luego era enviada a España, donde se vendía en distintas ciudades de ese país y en Italia, Irlanda e Inglaterra.

La asociación criminal tuvo como principal actividad el tráfico de estupefacientes, el contrabando de divisas desde Europa al territorio nacional y el manejo de los fondos producidos a los fines de mantener su estructura. En diciembre pasado, el juez en lo Penal Económico 2, Pablo Yadarola, procesó con prisión preventiva de doce de los acusados por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y contrabando de divisas y les trabó embargos por 7.400 millones de pesos.

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