Claudia Ledesma de Zamora: “La propuesta tiene contradicciones morales, humanas, religiosas y legales”

El Senado comenzó pocos minutos después de las 16 a discutir el proyecto de legalización del aborto, en una sesión especial que se extenderá hasta la madrugada de mañana, según surge del listado de 59 legisladores que se anotaron para hablar en el recinto, por lo que se espera una jornada de casi 13 horas.

La discusión fue habilitada por la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, ante la presencia de 67 senadores, la mayoría conectados de manera remota, a las 16.08 y con la entonación del Himno Nacional argentino.

Por su parte la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, fundamentó su voto contrario a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo:

“Comparto con ustedes algunas líneas sobre los fundamentos de mi voto, contrario a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo que se está debatiendo en la sesión pública del Senado de la Nación Argentina.

Quienes promueven la interrupción voluntaria del embarazo trataron de instalar dos argumentos: la deshumanización del feto, al señalar que puede no ser merecedor de la vida, y la suavización terminológica dentro de las propuestas normativas.

No estamos sólo debatiendo la despenalización del aborto, sino además la legalización de la terminación de los embarazos no deseados, a cargo de los gobiernos provinciales y/o del sistema de salud en general.

Al sistema de salud, al cual se le pidió que trabajara a destajo para salvar vidas durante la pandemia, ahora se le pide que finalice con vidas no deseadas porque, entre deseo, mérito y antigüedad, el niño por nacer no debe continuar viviendo.

La propuesta tiene contradicciones morales, humanas, religiosas y legales. La contradicción que más nos preocupa es el aspecto constitucional, respecto de los tratados internacionales de jerarquía constitucional y del reparto de competencias entre la Nación y las provincias.

Nuestra Carta Magna dio jerarquía constitucional, entre otros tratados, a la Convención Americana sobre los #DDHH, que dispone que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.”

El proyecto es también inconstitucional al establecer normas procedimentales y reglamentarias en contradicción con las Constituciones provinciales. En ejercicio de su poder constituyente, doce provincias establecieron la protección del derecho a la vida desde la concepción.

Imponer una uniformidad legislativa que prescinda de los derechos y garantías que válidamente han reconocido las constituciones provinciales configura un avasallamiento de la autonomía provincial y una violación a la forma federal establecida en nuestra Constitución.

Como sociedad jurídicamente organizada, las políticas públicas deben estar destinadas a la construcción de caminos e instrumentos que salvaguarden la vida, lo que de ningún modo implica desconocer la dolorosa situación de vulnerabilidad y desamparo que sufren muchas mujeres.

Un Estado de derecho debe generar todas las estrategias positivas posibles para proteger a todos y cada uno de los ciudadanos, teniendo como prioridad a los más débiles. En este debate, el niño por nacer es el que debe ser protegido prioritariamente en su derecho a la vida.

Despenalizar el aborto para terminar con embarazos no deseados no resuelve el problema, sino que elimina simplemente el derecho a la vida de una persona por nacer. ¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema?

La Madre Teresa de Calcuta decía frente a líderes mundiales: “Hoy el más grande crimen contra la paz es el crimen contra los niños inocentes nunca nacidos. Si una madre puede matar a su niño ¿qué nos impide a ti y a mi matarnos el uno al otro?”.

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